Stop a las bombas de racimo
Acabamos la década de los noventa con un Tratado que prohibía el uso, la fabricación y el almacenaje de las minas antipersonas. Ahora y hoy, tenemos un nuevo reto: conseguir que la comunidad internacional tome conciencia del enorme sufrimiento y de la flagrante violación del derecho internacional humanitario que suponen las bombas de racimo (también conocidas por su termino en inglés como bombas cluster).
Las bombas de racimo son como unos contenedores que una vez lanzados desde tierra, mar o aire, se abren y en su trayectoria dejan caer diversas cargas explosivas. Éstas quedarán esparcidas por una amplia zona, de una extensión aproximada de hasta cuatro campos de fútbol. Obviamente, estas bombas actúan de forma indiscriminada, sin distinguir entre civiles y militares. De hecho, el 98% de las víctimas causadas por estos explosivos son civiles. Además, las cargas que llevan a menudo (entre un 5% y un 30%) no estallan cuando toman contacto con la superficie y permanecen activas durante años, actuando de facto como minas, con el consecuente impacto sobre la vida de persones y comunidades.
Al menos 75 países tienen stocks de bombas de racimo. Unos 34 han producido más de 210 tipos diferentes y se han utilizado en al menos 20 territorios. Estas submuniciones se han utilizado en los conflictos de Kosovo, Afganistán e Irak y más recientemente al sur del Líbano, el verano del 2006. En el Líbano, se llegaron a lanzar cuatro millones de unidades. Y, de éstas, un año después, todavía quedan centenares de miles por localizar y desactivar.
En el Estado español se fabrican y el ejército español compra, dispone y almacena este tipo de armamento, ya que considera que estas bombas son necesarias para mantener la operatividad de las Fuerzas Armadas. Así mismo, en el Estado español, diversas empresas fabrican diferentes modelos de bombas de racimo, y sabemos de una que es importada de los EUA. Entre las industrias españolas que fabrican municiones de dispersión figuran Instalaza y Explosivos Alaveses (Expal).
El grave impacto humanitario de este tipo de bombas y la creciente presión de la sociedad civil llevó a varios países, liderados por Noruega, a abrir el llamado Proceso de Oslo. Así, en la capital noruega, el pasado mes de febrero 46 países firmaron una declaración por la cual se planteaba la necesidad de un tratado internacional que prohibiese las municiones de racimo que causan daños inaceptables para la sociedad civil. Después de otras conferencias, ya son casi un centenar los estados que se han implicado. Se espera que en el otoño del 2008, se apruebe definitivamente un tratado efectivo y vinculante que prohíba las bombas de racimo.
La entidad abajo firmante manifiesta su apoyo a la campaña Stop Bombas de racimo iniciada por la Cluster Munitions Coalition (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Fundació per la Pau, Justicia i Pau i Moviment per la Pau) y Greenpeace, y pide al Gobierno español, en tanto que Estado firmante de la Declaración de Oslo, y en coherencia con el Derecho Internacional Humanitario, la prohibición del uso, la fabricación y el almacenaje y comercialización de estas bombas.